Declaración De Warrenton Sobre Mandatos Médicos, La Ética Bíblica Y La Autoridad

Preámbulo

Con el auge de la COVID-19 y todas las ramificaciones que conlleva, le ha correspondido a la iglesia llegar a un acuerdo sobre lo que cree en relación con las áreas de intersección de la ética bíblica, la autoridad y los mandatos médicos.

Desgraciadamente, debido a la falta generalizada de comprensión teológica y bíblica sobre estas cuestiones, junto con la tendencia a atribuir excesivamente el poder y la jurisdicción al estado, las iglesias han optado a menudo por aceptar casi instintivamente las declaraciones de las agencias sanitarias del gobierno y las políticas que éstas establecen. La legitimidad de los amplios poderes atribuidos al estado se presume o se refuerza con un apoyo bíblico escaso o defectuoso. Se supone que los poderes existen a menos que se nieguen explícitamente, en lugar de considerarlos ausentes a menos que estén firmemente establecidos por las Escrituras.

Como resultado, en lugar de liderar estos temas, los pastores a menudo se convierten en poco más que portavoces de las agencias gubernamentales de salud y luego son utilizados por estas mismas agencias para ayudar a llevar a cabo sus órdenes.

Las razones que se dan para seguir tales políticas y ordenarlas en la iglesia local no suelen estar justificadas por una comprensión completa y sistemática de todo el consejo de las Escrituras sobre la autoridad y lo que significa amar al prójimo como a uno mismo. Por el contrario, la justificación que se da suele ser inconexa, desequilibrada y confusa.

Por ello, la Declaración de Warrenton sobre Mandatos Médicos, Ética Bíblica y Autoridad fue creada con el fin de proporcionar claridad sobre estas cuestiones en el futuro, para equipar a las iglesias locales y a sus funcionarios en la prestación de claridad sobre su posición, y para ayudar a las personas que están siendo maltratadas en sus iglesias con un resumen bien ordenado de la creencia en este sentido.

Declaración

Sección 1 – La Autoridad

I. AFIRMAMOS que toda la autoridad, en el cielo y en la tierra, ha sido otorgada a Dios Hijo, Cristo Jesús. (Is. 9:6-7; Dan. 7:13-14; Col. 1:15-20; Matt. 28:18).

II. AFIRMAMOS que las autoridades terrenales delegadas han sido instituidas por Dios como sus siervos para funcionar como una bendición para los que están en su jurisdicción a través de su gobernación piadosa según la ley de Dios y en obediencia a Cristo (Ps. 2:1-12; Rom. 13:1; Rom. 13:3-5; 1 Pet. 2:13). Pueden ser autoridades civiles (Rom. 13:1; 1 Pet. 2:13-14), autoridades eclesiásticas (Heb. 13:17), autoridades vocacionales (1 Pet. 2:18), autoridades familiares (Eph. 6:1; 1 Pet. 3:1), y personas que se gobiernan a sí mismas (Prov. 25:28; Rom. 12:1-2; Mk. 12:31; Lev. 19:18; 1 Pet. 2:16).

III. AFIRMAMOS que atribuir una jurisdicción total a cualquier autoridad humana es idolatría, ya que esta clase de autoridad ilimitada está reservada sólo para Cristo Jesús (Is. 9:6-7; Dan. 7:13-14; Col. 1:15-20; Matt. 28:18). Esto establece límites a la autoridad jurisdiccional de todos los cargos subordinados que existen bajo la autoridad de Cristo.

IV. NEGAMOS que las autoridades civiles existentes tengan una jurisdicción ilimitada.

V. AFIRMAMOS que los límites jurisdiccionales bíblicos de la autoridad humana delegada también se establecen por una buena y necesaria razón, dado que en las Escrituras se dice que los diversos oficios deben ser obedecidos “en todo” (Col 3:20, 22; Eph 5:24; Tit 2:9) . El sentido en que se usa “en todo” en estos versículos no puede significar que la obediencia es obligatoria para todos los mandatos, independientemente de su moralidad, ya que la Escritura también enseña la desobediencia cristiana a los mandatos pecaminosos o abusivos (Acts 5:29, Ex 1:15-20). “En todo” tampoco puede significar que la obediencia sea obligatoria para todos los mandatos no pecaminosos, ya que la Escritura también establece múltiples oficios de autoridad humana (Heb. 13:17; 1 Pet 2:18; Eph 6:1; Romans 13:1). Estos oficios pueden a veces entrar en conflicto, lo que requiere que los cristianos consideren qué autoridad está actuando dentro de su legítima jurisdicción para determinar si se requiere obediencia. Por lo tanto, los mandatos de obedecer “en todo” deben referirse a la obligación de los cristianos de obedecer todos los mandatos no pecaminosos de las autoridades verdaderas que también están dentro de la jurisdicción apropiada de la autoridad que da el mandato.

VI. NEGAMOS que los mandatos bíblicos de obedecer a las autoridades, ya sean civiles, eclesiásticas, familiares o vocacionales “en todo” (Tit. 2:9; Col. 3:20, 22; Eph 5:24) puedan interpretarse como una negación de las funciones de sus respectivas jurisdicciones que también enseñan las Escrituras (Rom. 13:3-4; Gen. 1:26-28; Deut. 6:6-7; Prov. 22:6, 23:13-14; 1 Tim. 5:3-16, 6:1-2; Eph. 6:1; 1 Cor. 11:3).

VII. AFIRMAMOS que en los casos en que las responsabilidades de un cristiano hacia Dios y su prójimo no se ven obstaculizadas, el cristiano puede elegir obedecer algunos mandatos injustos cuando tales mandatos pueden ser obedecidos sin incurrir en pecado. Esto puede deberse a que el cumplimiento del mandato se hace bajo coacción, porque el cumplimiento es conveniente, o porque el cumplimiento se hace de manera exagerada para exponer aún más la maldad del mandato (Rom. 12:20; Matt 5:38-42).

VIII. NEGAMOS que cualquier ser humano o grupo de seres humanos que pretendan ser autoridades civiles sean, en realidad, reconocidos por Dios como autoridades civiles, meramente en virtud de sus pretensiones a esa autoridad o de las pretensiones de quienes los apoyan (Hosea 8:4).

IX. AFIRMAMOS que las verdaderas autoridades civiles son legítimas en la medida en que, como han sido designadas por Dios, llevan la espada para cumplir con la descripción de lo que son las autoridades civiles en las Escrituras, es decir, que castigan el mal y alaban el bien (Rom. 13:3-4; 1 Pet. 2:14) de acuerdo con su cargo civil y jurisdicción.

X. AFIRMAMOS que los magistrados civiles tienen autoridad legal para castigar delitos civiles como la agresión (Ex. 21:18-19), el asesinato (Gen. 9:5; Ex. 21:12), la violación (Deut. 22:25), el robo (Ex. 22:1), el fraude (Lev. 19:35-36; Deut. 25:13-16), el rapto de hombres (Ex. 21:16), y el falso testimonio (Deut. 19:15-19), y para garantizar el debido proceso a través de los tribunales civiles, el pago de la responsabilidad por el daño comprobado (Ex. 21:33) y la proporcionalidad del castigo (Deut. 16:18-20, 17:6, 19:15-21).

XII. NEGAMOS que el reinado del emperador Nerón en la época paulina pueda ser alegado con credibilidad para invalidar la descripción limitante de lo que constituye la autoridad civil legítima en Romanos 13:3-4. En primer lugar, esto se debe al claro testimonio de las Escrituras en cuanto a la identidad y las características de la legítima autoridad civil bíblica (Rom. 13:3-4); y en segundo lugar, al hecho de que la persecución neroniana no comenzó hasta el gran incendio de Roma en el año 64 d.C., que fue siete años después de la redacción del libro de Romanos (57 d.C.).

XIII. NEGAMOS que la autoridad específica concedida a Pilato para ejecutar a Cristo Jesús de acuerdo con el plan de redención de Dios (Jn. 19:10-11) sea evidencia de un principio general de gobierno civil por el cual los magistrados civiles conservan la autoridad legítima para hacer el mal o hacer cualquier mandato fuera de los límites de su jurisdicción.

XIV. NEGAMOS que la única razón por la que uno puede desobedecer legalmente a una autoridad es si esa autoridad le ordena pecar.

XV. AFIRMAMOS que la desobediencia también es permisible en caso de que cualquier orden sea dada fuera de la jurisdicción de la autoridad particular. Por ejemplo, a lo largo de la historia, los gobiernos civiles han tratado de obligar a las personas a ejercer determinadas vocaciones, han impuesto controles indebidos sobre los asuntos de la iglesia y han restringido el número de hijos que se permite tener a una familia. Con frecuencia, este tipo de órdenes se alegan para el “mayor bien” del pueblo. En la medida en que estas órdenes no hubieran exigido a nadie pecar, la obediencia sigue sin ser moralmente obligatoria, ya que estas órdenes están fuera de la jurisdicción de la autoridad que las emite. 

Sección 2 – Aplicación A Los Mandatos Médicos

XVI. NEGAMOS que a las autoridades civiles se les haya otorgado jurisdicción y autoridad legal sobre la salud personal, familiar o “pública.”

XVII. NEGAMOS que los pasajes relacionados con la lepra en Levítico 13 y 14 puedan ser interpretados para enseñar el principio general de que el gobierno civil tiene una jurisdicción legítima y no calificada sobre el manejo de la “salud pública.”

XVIII. AFIRMAMOS que estos pasajes sobre la lepra no están relacionados con la propagación de un contagio biológico, sino con la impureza ceremonial, como lo demuestran numerosos factores: En primer lugar, incluso el hombre cubierto de lepra blanca de pies a cabeza era declarado “limpio” (Lev. 13:12-13) y se le permitía entrar en el campamento. En segundo lugar, la razón declarada para la expulsión general de los leprosos es la misma razón dada para la expulsión de los que tocaban un cadáver o tenían una secreción corporal; no el contagio biológico, sino la impureza ceremonial que “contaminaba el campamento” ante el Señor (Num. 5:1-4). En tercer lugar, en ninguna parte de la Escritura se describe la lepra como biológicamente contagiosa. Esta “lepra” también afectaba a las casas (Lev. 14:34) y a los vestidos (Lev. 13:47). La “lepra” no era lo mismo que la actual “enfermedad de Hansen”. En cuarto lugar, para evitar que las pertenencias de una casa “leprosa” fueran declaradas “impuras” por el sacerdote, se permitía al propietario vaciar la casa de sus posesiones antes de que llegara el sacerdote para la inspección (Lev. 14:33-36). La prevención del contagio biológico a través de la higienización (quema) de los objetos no estaba contemplada aquí. Las prácticas ceremoniales asociadas con el ahora extinto Sacerdocio Levítico han quedado obsoletas por el mayor Sacerdocio de Cristo (Heb. 7:12), y no pueden ser alegadas con credibilidad para dar al gobierno civil jurisdicción sobre la “salud pública.”

XIX. NEGAMOS que los gobiernos civiles tengan jurisdicción o autoridad legal para quitarle a una persona su derecho a ganarse la vida y conducir sus asuntos en público.

XX. NEGAMOS que los gobiernos civiles tengan autoridad legal para promulgar “confinamientos ” basados en la protección de la ” salud pública ” ya que esto no es su jurisdicción.

XXI. AFIRMAMOS que los individuos son libres de restringir su propio desplazamiento en la sociedad con este fin si lo consideran oportuno. No pueden exigir legalmente que el gobierno civil emplee la fuerza en su nombre para restringir la libertad de otros.

XXII. NEGAMOS que tales violaciones de la libertad médica por parte del gobierno civil, o la subsiguiente imposición de vacunas y mascarillas se justifiquen con razón basándose en la afirmación de que las personas no enmascaradas o no vacunadas “representan un peligro general para la salud del público debido a la propagación viral.”

XXIV. NEGAMOS que la existencia de virus transmisibles, mecanismos de pruebas virales, o la invención de vacunas cree un nuevo estándar de moralidad por el cual una persona sana simplemente manejando sus asuntos en la sociedad sin vacunación, pruebas virales, o usando una máscara es evidencia de un comportamiento criminal o moralmente imprudente. Además, si se adopta esta norma para la violación de la libertad médica, es concebible que los gobiernos civiles puedan regular y restringir permanentemente todas las esferas de la vida, ya que, según este mismo razonamiento, varios virus similares a la gripe pueden propagarse sin saberlo en todo momento. Además, hay una serie de otros peligros mucho más mortales, como las enfermedades cardíacas, que, al igual que las hospitalizaciones relacionadas con los virus, también suponen una carga para el sistema de salud. El gobierno civil no adquiere entonces autoridad para prohibir la ingesta de refrescos a las personas obesas.

XXV. AFIRMAMOS que una visión bíblicamente fiel de la esfera del gobierno civil, así como de la esfera del gobierno eclesiástico, no proporciona ninguna jurisdicción legal para que los magistrados civiles o las autoridades eclesiásticas ordenen o coaccionen de alguna manera a los individuos para que se inyecten sustancias a sí mismos o a sus hijos o para que se cubran la boca, la nariz, la cara, o cualquier combinación de ellas, con mascarillas.

XXVI. AFIRMAMOS que cualquier autoridad civil o eclesiástica que intente coaccionar a los individuos o a sus hijos con cualquier forma de destierro público, multa, prisión, ostracismo social u otras formas de coerción por no llevar una máscara o inyectarse una sustancia en sus cuerpos se atribuyen a sí mismos una autoridad no delegada por Dios y están en grave pecado (Matt 19:14; Tit 3:10; 1st Cor 1:10; Rom 16:17).

XXVII. AFIRMAMOS que, aunque las iglesias locales pueden aplicar razonablemente las políticas de pedir a los enfermos sintomáticos que se queden en casa, cualquier intento de impedir la comunión de un creyente por el hecho de no inyectarse una sustancia en el cuerpo o por llevar una máscara es también un acto de división (Tit 3:10; 1st Cor 1:10; Rom 16:17).

XXVIII. NEGAMOS que las decisiones personales y familiares de rechazar la vacunación o el uso de mascarillas estén necesariamente en desacuerdo con el mandato bíblico de amar al prójimo como a uno (Lev. 19:18; Matt. 22:39).

XXIX. NEGAMOS que la conformidad con una determinada línea de acción médica recomendada se convierta en una obligación civil o moral mediante la apelación a una supuesta “mayoría” de opiniones de expertos o datos médicos disponibles.

XXX. NEGAMOS que la obligación individual de un cristiano hacia el hermano más débil (1 Cor. 8:1-12) cobligue a cualquier cristiano a violar su conciencia (Rom. 14:3; 1 Cor. 10:31) con respecto al uso de mascarillas o a la inyección de una sustancia en su cuerpo. Tal acción puede ser considerada por los cristianos como contraria a las prácticas sanas y de amor a la salud para ellos mismos y su familia. En el caso concreto de las mascarillas que se llevan visiblemente en el cuerpo, los cristianos también pueden tener una preocupación en su conciencia sobre el mensaje que creen que el uso de la máscara envía al mundo. Pueden considerar el uso de mascarillas como un falso testimonio (Ex. 20:16; 23:2) o como un apoyo tácito y sin amor a lo que consideran una propaganda en torno a su uso y aplicación sobre el prójimo. 

XXXI. AFIRMAMOS que aquellos que tratan de atar la conciencia del creyente insistiendo en que la conformidad con los mandatos de mascarilla o de vacunación es la única manera de que un cristiano cumpla el mandamiento de “amar al prójimo como a uno mismo” están tratando las tradiciones del hombre como mandamientos de Dios (Mk 7:6-9). Estos individuos son ellos mismos culpables de torcer las Escrituras y están sometiendo efectivamente la ley de Dios a los caprichos siempre cambiantes y conflictivos de las agencias de “salud pública”, el último estudio médico o la opinión de la mayoría.

XXXII. NEGAMOS que la elección de rechazar respetuosamente la petición de un funcionario eclesiástico de llevar una máscara sea en modo alguno una prueba de división o rebelión contra la autoridad eclesiástica, ya que el cargo eclesiástico no tiene jurisdicción sobre las decisiones de salud personal o familiar.

XXXIII. NEGAMOS que en todos los casos en los que se requiera el uso de mascarillas para las reuniones de la iglesia sean necesariamente pecaminosas o divisorias en aquellos casos en los que la reunión se celebre en un lugar en el que los administradores de la propiedad no sean la iglesia local y dichos administradores de la propiedad requieran el uso de mascarillas para entrar. Se trata de una cuestión de propiedad. En tales casos, no se debe decir que los que eligen no tener comunión debido al mandato de la mascarilla en el lugar de la reunión estén violando ningún mandato bíblico con respecto a reunirse regularmente con los santos. En la medida de lo posible, los funcionarios de la iglesia deben tratar de asegurar un lugar de reunión donde la congregación local no se vea obligada a excluir a las personas que no llevan mascarilla debido a los caprichos del propietario del edificio.

XXXIV. AFIRMAMOS que el mantenimiento de la salud personal y las decisiones personales en materia de salud, incluidas las decisiones sobre las intervenciones médicas que se deben adoptar o a las que se debe renunciar, son función y jurisdicción de cada persona y de su familia.

XXXV. NEGAMOS que los padres sean culpables de negligencia o abuso si deciden renunciar a una determinada intervención médica, como un procedimiento médico o una vacuna, debido a que no están convencidos del riesgo a corto y largo plazo o de la eficacia de la acción. Esto es válido independientemente de las recomendaciones que hayan recibido o no de un médico. 

XXXVI. AFIRMAMOS que es antibíblico que un padre niegue categóricamente todas las intervenciones médicas a sus hijos en todo momento con el razonamiento de que toda intervención médica es, como categoría, evidencia de una falta de fe en Dios (1st Tim 5:23).

Si no está seguro de cuál es la posición de los oficiales de su iglesia local y de la comunidad en estos temas, no tenga miedo de plantear preguntas de manera respetuosa. Si tiene líderes buenos y piadosos, no será criticado o despedido por plantearlas. Si su iglesia local actual lo ha ignorado o maltratado por estos motivos y las apelaciones no han sido escuchadas, lo animamos a que busque una comunidad donde se entienda y practique la libertad médica.

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